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María Salgado, presidenta de Alianza Audiovisual, Eva Moraga, abogada de la federación y representantes de ACE Traductores, FADIP Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, ADE Asociación de Directores de Escena de España, FECED Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza y UNICO Unión de Correctores, se reunieron con El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun y Carmen Páez, Directora General de Industrias Culturales, para establecer vías de trabajo conjunto que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las y los profesionales de la Cultura ante la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa.

El ministro nos recibió tras la publicación del manifiesto donde pedimos al Gobierno y al Parlamento medidas que nos protejan ante los abusos de las empresas de Inteligencia Artificial y que promuevan el respeto de nuestros derechos fundamentales y la dignidad de nuestros trabajos.

La mayoría de los modelos de inteligencia artificial, por no decir el 100 %, han sido entrenados sin haber solicitado la autorización ni las cesiones de derechos necesarias para ello ni haber remunerado a los y las titulares de los derechos de esas obras, ya que muchas veces han obtenido todas ellas simplemente porque se encontraban accesibles en Internet lo que, en modo alguno, les amparaba para hacer uso de ellas.

La mayoría de las empresas propietarias de estos modelos han infringido con ello la normativa existente en el ámbito internacional y nacional relativa a los derechos de autor y de propiedad intelectual que se fundamenta en dos principios básicos y universales: primero, sin autorización, no hay uso legal, salvo que exista una excepción aplicable en el caso de que se trate; segundo, todo uso ha de ser remunerado

Ante la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial las organizaciones presentes en la reunión apelamos al Ministro de Cultura y al Gobierno a que apruebe las medidas legislativas y administrativas necesarias que minimicen los riesgos y protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas en general y de los y las profesionales del sector artístico y cultural en particular y promuevan el respeto por estos principios.